La violencia contra las mujeres y las niñas  
 
María Jesús Miranda López
 
¿Qué violencia?

Erradicar la violencia es, pura y llanamente, una exigencia ética, una cuestión a la que sólo es posible enfrentarse con una pregunta: ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad?¿Qué es preciso hacer para que sea eliminada? Cualquier otro enfoque no es sino seguir dando vueltas a la pelota amarilla de la hipocresía.

Desde este punto de vista, la primera afirmación necesaria es que no existe una distinción sustancial entre la violencia, en general, y la violencia contra las mujeres y las niñas. No se va a erradicar la segunda si persiste la primera. Y ello por una razón evidente: en cualquier situación presidida por la razón del más fuerte, los más débiles son las primeras víctimas, y las más numerosas. Según un informe de Cruz Roja Internacional, cuanto más modernos, desde el punto de vista técnico, son los medios que se utilizan en un conflicto bélico, mayor es el número de víctimas civiles que produce. Y, en consecuencia, mayor el número de mujeres y niñas...

Por ello, quisiera distinguir, al menos, entre cinco tipos de violencia contra las mujeres:

Violencia simbólica
Violencia física intergrupal: la guerra, el terrorismo, la violencia mafiosa
Violencia económica
Violencia institucional
Violencia física interindividual

Sé que probablemente mis lectores estarán desconcertados a estas alturas. Cuando uno empieza a leer algo que se titula “La violencia contra las mujeres y las niñas”, quiere encontrar enseguida estadísticas de incestos y desgarros vaginales. Y esto no es sino el reflejo de un grave prejuicio, el mismo que está en la base de ese tipo de violencia, y es el de que las mujeres no son, antes que mujeres, seres humanos iguales a todos los demás y, por tanto, a quienes los problemas globales de la especie les afectan en la misma medida.

Violencia simbólica

En un artículo de hace un par de años, el sociólogo francés Pierre Bourdieu escribía: "la dominación masculina, que hace de la mujer un objeto simbólico, cuyo ser es un ser-percibido, tiene el efecto de colocar a las mujeres es un estado permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de alienación simbólica. Dotadas de un ser que es una apariencia, están tácitamente conminadas a manifestar una especie de disponibilidad (sexuada y, eventualmente, sexual) con respecto a los hombres”.

Efectivamente, es esa suave violencia simbólica la que ha inducido a los lectores, al leer las palabras “mujeres y niñas”, a creer que íbamos a hablar, inmediatamente, de sexo. Éste es, efectivamente, el convenio tácito sobre el que se funda la violencia sexual, genital o afectiva contra las mujeres; las mujeres, alienadas de sí mismas, son sobre todo cuerpo, soporte físico de agresiones. Pero si queremos evitar también esta forma de violencia, habremos de esclarecer primero todas aquellas otras que la preceden y que deben gozar, en una escala de valores desde mi punto de vista más equilibrada, de una mayor atención.

Violencia física intergrupal

La forma más grave de violencia que afecta a las mujeres, pues afecta a todos los seres humanos, es la violencia intergrupal, mucho más terrible por sus efectos que la violencia intersubjetiva. Por muchos maridos que atenten contra sus esposas en países tan asolados por la violencia como los Estados Unidos, nada de lo que allí ha sucedido en los últimos años puede compararse con la horrible tragedia que la guerra de Bosnia ha supuesto para las mujeres y las niñas. Y los varones y los niños, naturalmente.

Los movimientos antinucleares de los años 80 estuvieron muy imbricados con el movimiento feminista europeo, británico en particular. Es curioso constatar lo lejanas que se nos aparecen hoy las imágenes de aquellas mujeres formando cadenas en torno a las bases militares. Como si hubiera pasado un siglo. La desaparición de la Unión Soviética, el fin de la "guerra fría", no han hecho, sin embargo, desaparecer el peligro nuclear. Y tampoco lo han desplazado, porque no es posible. Da igual en el lugar del mundo en el que estallen las bombas; los efectos, en un plazo mayor o menor, se dejaron sentir en todo el planeta.

Violencia económica

Un viejo profesor de historia política, Barrington Moore, me dio hace ya muchos años una lección inolvidable. Entre los siglos XVI al XVII, viene a decir, se produjeron dos formas de transición de la monarquía absoluta a la democracia liberal, que se han considerado paradigmáticas. La inglesa suele proponerse como modelo de una transición pacífica; la francesa, como violenta y sangrienta. Pero la diferencia, decía él, no estriba en la cantidad de gente que murió en cada uno de esos procesos, sino en la calidad. En Inglaterra, a lo largo de poco más de un siglo, murieron de hambre y miseria cientos de miles de pobres, expulsados del medio rural por el proceso de enclosure, de apropiación capitalista de la tierra, y el hacinamiento en pésimas condiciones de vida en las nuevas ciudades mineras e industriales.

En Francia, a lo largo de unos pocos años, murieron violentamente algunos miles de aristócratas y de sublevados reaccionarios de la Vendée. Ante la Historia, los segundos tienen una cualidad superior, un caché, un brillo, que eleva el proceso francés a la categoría de sangriento, mientras el inglés se mantiene en los limites de la normalidad.

Ésta es la lección: poniendo las cosas en su sitio, no dejándose atrapar por el morbo y la alienación simbólica, hay que reconocer que la peor forma de violencia que sufren ahora mismo las mujeres es la violencia económica. Y ello por dos razones: la primera, porque supone en sí una importante causa de muerte y de sufrimiento. Baste repasar la diferencia entre la esperanza media de vida de las mujeres de los países desarrollados -con Japón y España a la cabeza, por cierto- y las de los países del Tercer Mundo. Un escalafón de 40 años, atravesado por esa terrible incertidumbre que rodea aún allí cada embarazo, cada parto, cada puerperio, la infancia de cada hijo que no se sabe si sobrevivirá.

La segunda, y no menos importante, es que la pobreza les impide escapar de otras formas de violencia, les hace vulnerables, les sujeta a ellas. Al desgarro familiar y la sumisión forzada de la emigración económica; al peligro de convertirse en mano de obra barata, y con frecuencia despreciada, en las empresas de tráfico ilegal de droga; a la violencia extrema de la prostitución, del turismo sexual, de la migración ilegal y forzada como simple materia prima de los negocios pornográficos.

Degrada la violencia simbólica, la privación de una imagen más allá del cuerpo, de la autoestima de saberse un ser humano. Pero también degrada la incapacidad de subvenir a las propias necesidades. Unidos ambos factores, no cabe duda de que la miseria es la peor enemiga de las mujeres del mundo.

Por ello, no es de extrañar que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres [CEDAW] se subtitule: Manifiesto hacia una cultura de la igualdad entre mujeres y hombres mediante la educación. La educación, como fuente de conocimientos que permite el desarrollo profesional y personal, y como instrumento de cambio de actitudes, está sin duda en la base de la eliminación de la violencia.

Violencia institucional

Y, sin embargo, no sólo. La violencia contra las mujeres no está solamente en las costumbres ancestrales; también está en las regulaciones legales, políticas y religiosas de muchos países. En este caso, resulta sencillo hacer mención de la violencia institucional a la que están sometidas las mujeres en los países islamistas, pero esta afirmación requiere un análisis más cuidadoso, que se escapa a las pretensiones de estas breves páginas.

Hay en cambio un ejemplo de nuestra propia sociedad que no me resisto a mencionar. España es el país de la Comunidad Europea con un porcentaje más alto de mujeres en su población reclusa. En los medios de comunicación, este hecho suele atribuirse a la progresiva integración de las mujeres en la vida activa, incluido el espacio las actividades ilegales. Sin embargo, si dirigimos la vista atrás, podremos comprobar que, en 1960, el porcentaje de participación de las mujeres en la población interna en centros penitenciarios era exactamente igual al de 1994. Pero entonces la elevada tasa de delincuencia femenina no se debía a su participación en la vida pública, sino a las extraordinarias presiones que sufrían dentro del hogar, que se resolvían con alguna frecuencia mediante el recurso a la violencia. Así, en 1960 el número de mujeres en prisión por delitos contra las personas, excluido el aborto, era superior al actual.

Además, en 1960 había en las prisiones españolas casi un centenar de mujeres condenadas por aborto, debido precisamente a una legislación que interfería más que la actual en el ámbito de lo privado.

Cuando la actividad estatal cambia de signo en la regulación de la esfera íntima, es decir, cuando se reduce la violencia institucional contra las mujeres y se les permite una mayor libertad de acción, reconociendo su derecho al divorcio y, aunque de manera limitada, al aborto, disminuye el número de ellas que se ve forzada a recurrir a la violencia para escapar de situaciones extremas de abuso, humillación o desamparo. Otro ejemplo interesante es la -afortunadamente ya superada- regulación penal de los delitos honoris causa. La defensa de una honorabilidad que no era sino el reflejo de un trasnochado patriarcalismo atenuaba la culpa de quien cometía delito de infanticidio para ocultar la deshonra, propia o de la hija. Un ejemplo claro de cómo la cultura patriarcal puede justificar un acto de violencia extrema, matar a un recién nacido.

Debo hacer aquí un comentario que parece preciso. Las sociedades democráticas actuales se basan en el principio del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado; el ejercicio del poder que dimana de este monopolio está, lógicamente, sometido a Ley, pero es necesario, mientras no ideemos un sistema mejor. Debe haber algún grado de violencia institucional pues de lo contrario primaría la ley del más fuerte, y ello no es precisamente favorable para las mujeres, pero con dos límites fundamentales. El primero es el principio de la intervención mínima; el Derecho Penal es, efectivamente, la última ratio a la que debe acudir el Estado moderno para resolver los conflictos. El segundo es el principio de equidad: son imprescindibles todas las cautelas que se introduzcan para que el ejercicio del poder del Estado no refuerce de alguna manera la tradicional discriminación de mujer, en esta etapa de transición.

Violencia interindividual

Llegados a este punto, resulta hasta comprensible que, en un mundo regido por formas generalizadas de violencia, las personas recurran a veces a ella para solucionar conflictos interindividuales. Comprensible, afortunadamente: entendiendo por qué se produce la violencia, pueden establecerse las condiciones para que deje de producirse. Excusable, ya no; con demasiada frecuencia se ha excusado la violencia hacia mujeres, niñas y niños.

Lo que revelan las estadísticas de violencia ejercida sobre las mujeres es precisamente que, cada vez en mayor medida, el sistema de control social no excusa este tipo de comportamiento. En 1982 se inició en España una campaña para la denuncia de los malos tratos domésticos, que hasta entonces permanecían en el secreto de las familias. El lema de la campaña, dirigida a las mujeres fue: NO LLORES, HABLA. A partir de entonces, las Comisarías de Policía y las unidades especiales de mujeres policía creadas al efecto registran una media anual de 15.000 denuncias. Aun así, muchas mujeres no consideran el maltrato doméstico como delito, por lo que su incidencia no aparece en las Encuestas de Victimización. También es cierto que las propias encuestas orientan las respuestas de los entrevistados hacia la violencia callejera, excluyendo así de entrada que reflejen otros tipos de delito.

Esta invisibilidad social del maltrato, que aún persiste, se debe, en opinión de Perla Haimovich, a que "mientras subsiste una relación basada en la desigualdad y en la subordinación, la mujer ofrece condiciones óptimas para convertirse en objeto de agresión". Y, más allá, atribuye una función social pacificadora, en el medio externo, a la violencia intradoméstica: "la vigencia de leyes de tolerancia en el mundo privado y familiar permite y facilita, desde el orden social, la derivación de la agresividad provocada por la frustración en el mundo público hacia lo privado. Esta desviación constituye no sólo un factor de control social sino, específicamente, de canalización de descontentos en un ámbito que no perturba el orden y funcionamiento del sistema social. La agresividad descargada en el ámbito doméstico, en este sentido, contribuye y beneficia al funcionamiento del sistema y al orden social".

En el caso de las agresiones sexuales también ha sido, y sigue siendo necesario, un proceso de concienciación del público para promover la denuncia de tales hechos y la aplicación de la ley a los infractores. No parece necesario, tras las reformas de la legislación penal de 1989 y 1996, modificar los tipos punibles ni agravar las penas; la violencia engendra violencia. Pero sí extremar el cuidado y el rigor en la persecución de este tipo de delitos, que han sensibilizado a la opinión pública. En este campo es necesario, pues, un esfuerzo suplementario de rigor y equidad por parte de los agentes de control social.

En España parece que tal esfuerzo se está realizando. De hecho, el número de personas ingresadas en prisión por delitos contra la libertad sexual ha aumentado en un 170% entre 1990 y 1994, lo que indica sin duda una mayor eficacia policial y menor tolerancia judicial con este tipo de delincuentes.

Sin embargo, aún persiste una cierta desconsideración hacia las víctimas. En un Informe sobre indemnizaciones por responsabilidades civiles de Penados recogidos en testimonios de Sentencia, elaborado por el Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios en 1993, se recoge que el Tribunal estimó responsabilidad civil subsidiaria, y reconoció el derecho de la víctima a percibir una indemnización, en el 59% de los casos de abusos deshonestos, en el 60% de los casos de agresión sexual, en el 74% de los casos de corrupción de menores y estupro y en el 86% de los casos de lesiones, independientemente del carácter de las mismas. Como muestran estos datos, aún persiste una mayor valoración de la integridad física que de la integridad sexual, y una cierta desvalorización de ésta, pero es mucho lo que se ha avanzado en el ámbito de la aplicación del Derecho Penal.

Conclusión

Quizá por ello no sea el ámbito penal el más necesitado de reformas en este momento. Decía al principio de este artículo que erradicar la violencia contra las mujeres es una exigencia ética. Pero ¿de qué ética? Creo, sinceramente, que se trata en primer lugar de reivindicar la ética de la libertad personal, de la libertad de conciencia, de la capacidad de autocontrol y autoestima. Individuos fuertes, libres e iguales tienden a resolver sus conflictos mediante el diálogo y el consenso, no mediante la violencia. En segundo lugar, la ética del cuidado, que ha conferido sentido a la vida de tantas mujeres y, aún hoy, a la de tantas personas de buena voluntad. La compasión, la atención a las necesidades de los demás, no son necesariamente muestra de debilidad, de incapacidad de oponerse a la violencia. Como señala Robert Wurthnow, cuidar a los otros es frecuentemente ayudarnos a nosotros mismos. La ayuda al prójimo es una metáfora de nuestra identidad individual. Aquél que es capaz de dar se percibe a sí mismo como un individuo enérgico y equilibrado, capaz de soportar la desgracia de los otros. La ética del voluntariado parece la propia de la sociedad moderna, con raíces en la tradición utilitarista (Bentham) y el optimismo antropológico (Rousseau) y con un gramo de cinismo e individualismo derivados de la contemplación de un mundo excesivamente difícil de cambiar. Una ética que nos aleja de la moral militante del compromiso, pero que quizá sea adecuada para una época en la que tantas armas, tantas luchas, tantas agresiones, tantos dogmas y tantas certezas es preciso desterrar.

María Jesús Miranda López es profesora titular de Sociología, Universidad Complutense de Madrid.
 
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