VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
 
Principio de injerencia ante la violencia contra la mujer (España)
La violencia familiar: De lo privado a lo publico (Perú)
Los "progresistas" tambien golpean (Guatemala)
Un recorrido por los prejuicios de la justicia contra la mujer (Argentina)
 
Principio de injerencia ante la violencia contra la mujer
Andrés Montero Gómez *
Revista OeNeGé (Madrid), No. 25
 
El fenómeno de la violencia contra mujer ejercida por esposos, compañeros sentimentales o afectivos o, más extensivamente, por desconocidos en forma de una variedad de conductas de agresión que abarcan desde el maltrato psicológico, pasando por diversos modos de acoso, agresiones físicas y sexuales, hasta llegar a mutilaciones o asesinatos, muestra progresivamente el perfil de una realidad que hasta épocas muy recientes tenía en el silencio un muro de alianza que escondía la tragedia de un número incalculable de mujeres. Y aunque actualmente las cifras que intentan hacer aflorar una dimensión más precisa del alcance de la violencia contra la mujer, sobre todo de la producida en el marco íntimo de relaciones afectivas, se benefician de un progresivo aumento de la sensibilización y la concienciación sociales con respecto a épocas anteriores, en gran medida fruto del trabajo de asociaciones de mujeres en multitud de ámbitos, lo cierto es que aún queda mucha realidad oculta por conocer.
 
El silencio social que rodea a la violencia que padecen 2'5 millones de mujeres en contextos de pareja en España -según datos de la macroencuesta del Instituto de la Mujer del año 2000- está muy ligado a la naturaleza íntima y privada que atribuimos a las relaciones de pareja, en consonancia con las propias ideas y teorías que hemos interiorizado a lo largo de nuestros procesos de socialización.
 
En el marco cultural predominante en muchos de los países donde la violencia íntima contra la mujer supone un elemento de contraste y contradicción en el pretendido progreso de sus sociedades, la cualidad privada conferida a cuanto acontece en el interior de los círculos familiares ha favorecido tradicionalmente una política social de no injerencia en los asuntos domésticos ajenos. Es curioso cómo es posible trazar aquí un significativo paralelismo entre las fronteras establecidas en torno a los hogares tradicionales y aquéllas representativas de las naciones modernas, símbolos ambas de un derecho de soberanía que garantizaba a los Estados, igual que a las familias, un quasi-ilimitado poder de decidir y hacer en el interior de sus confines. En lo referido a los Estados, las relaciones ciudadanas en el interior de sus dominios han venido ajustándose a las legislaciones nacionales, diseñadas por ellos mismos, y en lo relativo a los hogares tradicionales las relaciones entre sus miembros se han definido sobre los ejes marcados por el tipo de disciplina interna y, menos, por la moral imperante. Por tanto, el referente para evaluar el comportamiento de unos y otras se ha situado, tradicionalmente, en parámetros endógenos: los trapos sucios se lavan en casa.
 
Sin embargo, tanto en hogares como en naciones-Estado las tendencias en la evaluación se han desplazado progresivamente desde el interior al exterior, cursando con la implantación de la noción de derechos humanos fundamentales a modo de concepto básico de convivencia y con la extensión de la codependencia asociada a la globalización. Ahora los Estados están sometidos a la fiscalización de los demás, a la observación internacional de su propia casa, y la no injerencia en asuntos nacionales está limitada [salvo algunos ejemplos de análisis complejo, i.e. China, Turquía, etc.] al respeto a unos mínimos de convivencia y a las reglas de juego internacional.
El principio de injerencia aparece vinculado -aunque a veces tarde y, cuando se comprometen intereses geoestratégicos parciales de grandes potencias, nunca- al estallido de escenarios de violencia dirigidos desde aparatos estatales contra su propia población -i.e. Kosovo-, cuando las necesidades de resolución exceden las capacidades de los países implicados, o cuando se dan otros condicionantes. Es ese principio de injerencia el que habría que trasladar al ámbito doméstico para responder a escenarios de vulneración de los derechos fundamentales de alguno de sus miembros, para actuar ante violaciones sistemáticas de la libertad individual o del derecho a la salud o a la vida.
 
La violencia contra la mujer en el seno íntimo de la pareja requiere la intervención social en ese espacio privado para defender los derechos alienados de uno de los integrantes de ese núcleo de relación personal, que ha traspasado traumáticamente los límites de la convivencia. La manera en que los poderes públicos han estructurado sus vías de intervención en la vida ciudadana abarcan desde la ley hasta las medidas de asistencia o de compensación. Pero hace tiempo que los instrumentos públicos no se consideran suficientes para ofrecer una respuesta efectiva a muchos problemas y fenómenos sociales, espacio que han ocupado las asociaciones civiles y las ONG. En el ámbito de la violencia contra la mujer es notable la implicación de la corriente asociacionista y no gubernamental. En cambio, está por desarrollarse el compromiso ciudadano individual, que debería actuar como puntal de ese principio de injerencia.
 
En efecto, en la puesta en marcha de pautas de fiscalización de conductas vejatorias o de violencia claramente atentatorias contra los derechos humanos de la mujer se aprecia descompensado el componente, por otra parte básico, de la participación individual. Desde los segundos niveles de la familia nuclear (familia extensa), hasta el propio vecindario donde se conoce el sufrimiento de una mujer agredida por su pareja, la denuncia y la injerencia individual ante lo que ocurre introduciría, de manera directa, el factor de aislamiento, rechazo social primario y presión sobre el agresor que pretende lograrse por medio de otras iniciativas públicas arraigadas en el papel tutelar de las autoridades sobre el ciudadano -- por ejemplo, la publicación de listas de agresores condenados. En el afrontamiento de la violencia íntima, la primera línea de defensa debería ser el ciudadano que la observa.
 
* Presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia
FUENTE: Tertulia, Una ventana hacia las vidas de las mujeres
Vol. IV, No. 16 14 de abril del 2001
Editora: HYPERLINK mailto:leasturias@intelnet.net.gt Laura E. Asturias
Internet: HYPERLINK http://www.geocities.com/guatertulia http://www.geocities.com/guatertulia

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La violencia familiar: De lo privado a lo público (Perú)
Gina Yáñez, Diario La República (Perú), 8-III-2001
 
Hoy se reconoce que la violencia contra la mujer en la familia es un asunto de interés público, que viola los derechos humanos, que es el resultado de la construcción social del género y que obstaculiza el desarrollo; por ello, ahora, vale preguntarnos si esto es asumido así por las autoridades y la ciudadanía.
Empecemos con los operadores policiales. Se ha batallado mucho y aún se sigue batallando para que el policía de cualquier comisaría entienda que la violencia familiar es una violación de los derechos humanos, que cualquier víctima que asiste a formular su denuncia debe ser debidamente atendida, que cuando nos referimos a la violencia familiar nos estamos refiriendo a la violencia física, psicológica y sexual. Que ningún hecho violento en el seno del hogar puede ser minimizado, que no es necesario llegar casi muerta para poder ser atendida.
 
Vale recordar que en la legislación sobre violencia familiar se reconoce la necesidad de policía especializada, la que está facultada para allanar el domicilio en caso de fragante delito o en muy grave peligro de su perpetración, deteniendo, en estos casos, al agresor hasta por 24 horas.
 
¿Y los plazos policiales? Cualquier lector/a que conoce de estas denuncias sabe que en el mejor de los casos un atestado se concluye en un par de meses.
En cuanto a los exámenes médicos, recordemos que el Instituto de Medicina Legal, dependencia del Ministerio Público; los médicos de los establecimientos de salud del Estado y el Seguro Social de Salud, están facultados para otorgar la certificación de la salud física y mental de las víctimas de violencia familiar.
Hay una práctica de parte de quienes intervenimos en una denuncia por violencia familiar, de privilegiar esta prueba. Lo que se observa es que cuando se trata de una denuncia por violencia familiar, no se realiza como rutina un examen integral de la salud física y psicológica de las víctimas, se cuenta con poco personal y está pendiente revisar y uniformar los protocolos.
 
En los establecimientos de salud pública, aun a pesar de la ley, hay mucha resistencia a realizar esta prueba que tiene valor probatorio. Se ha oído de parte de algunos operadores de salud que no cumplen la ley, porque luego se ven involucrados en citaciones que "les quitan tiempo". Vale recordar que la violencia contra la mujer es un asunto de salud pública.
 
En las fiscalías de familia, la audiencia de conciliación se realiza "dada su recargada labor" (eso se les dice a las usuarias), en promedio, después de los 30 días hábiles. Si bien ya no se confunde la conciliación con la reconciliación, aun para muchos fiscales la mal entendida defensa de la unidad familiar pasa por poner en riesgo la vida, la integridad física y mental de las víctimas.
 
La mujer es revictimizada, su comportamiento es cuestionado, se escuchan preguntas como "¿a qué, cree usted, se deben estos hechos?", "¿usted ha dado motivo alguno?" No existe motivo alguno que justifique la agresión, la violencia.
 
Soy parte del grupo de personas que pugnamos por que la violencia familiar no sea materia conciliable, debido al desequilibrio de las cuotas de poder entre las partes, por las relaciones familiares asimétricas, por la ineficacia mostrada en todos estos años, porque finalmente estamos hablando de faltas y/o lesiones, donde el Estado debe intervenir. Felizmente el cambio se ha dado.
 
El Poder Judicial así como el Ministerio Público tienen la potestad de aplicar medidas cautelares (retiro del hogar, suspensión de visitas, etc.). En la práctica, son muy pocos los jueces o fiscales que promueven estas medidas, y mucho menos aún las que se ejecutan.
 
¿Y las mujeres? Se reconoce que hay un gran número de mujeres que desconocen sus derechos y obligaciones, que no se sienten sujetas de derechos, lo cual obstaculiza la titularidad y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
 
Aún hay mucho por hacer. Es necesario que se comprenda claramente la necesidad de compartir el mismo enfoque en todos los sectores involucrados en la atención de la violencia familiar. Es necesario que todos/as trabajemos para enfrentar este grave problema, recordando que la paz y la democracia empiezan por casa.
 
[Gina Yáñez, abogada peruana, es coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Movimiento Manuela Ramos en Perú ]
FUENTE: Tertulia, Una ventana hacia las vidas de las mujeres
Vol. IV, No. 15 7 de abril del 2001
Editora: leasturias@intelnet.net.gt Laura E. Asturias
Internet: http://www.geocities.com/guatertulia
http://www.geocities.com/guatertulia

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Los "progresistas" también golpean
Anónimo
 
Él mismo lo dijo al principio: que era "un tipo tan común y corriente, que se vea enredado en sus propias inseguridades, en sus egoísmos y patanadas". Sin embargo, confí en él.
Después de siete meses me di cuenta que el acuerdo de "fidelidad y lealtad" no se estaba dando. Había advertido que él continuaba una relación con una mujer casada con quien había andado cuando era novio de mi antecesora. Me lo confesó y no sé por que creí que a mi no me haría lo mismo.
 
Le encontré una foto de ella en la billetera, un poemita erótico también de ella, llamadas del extranjero. Yo no podía quedarme inmutable, tranquila como mujer moderna que no le da importancia a estos problemillas. No. Reaccioné como toda una "mujer ordinaria", con puestas en escenas, reclamos, llanto y demas.
 
Encontré una carta que él le mando a ella donde dice que le había ocultado que viva conmigo, "con mentiras y silencios"; que yo ya sabía de la relación de ellos y que era un punto de conflicto permanente para mí... Claro, para él no.
Las peleas continuaron hasta que llegué al limite y decidí llamarlo. Llego por mí y fuimos a su casa. Habíamos bebido y empezamos a discutir, hasta el punto en que me golpeó y me tiró a la cama. La impresión fue gruesísima. Yo sólo podía llorar. Al día siguiente me llevó el resto de ropa.
 
Al principio ni pensé denunciarlo, pero un día me llamó a las tres de la mañana para reclamarme que la gente se había enterado del golpe. Obvio, si vas a trabajar con un moretón la gente lo mira. Él tuvo una discusión con mi padre y hubo amenazas de por medio. Al día siguiente me asesoraron legalmente y fui a denunciarlo al Ministerio Publico. Fue un procedimiento rápido y eficiente. Al salir sentí una especie de resarcimiento de mi dignidad.
 
Cuando hable de esto con amigas y conocidas, me di cuenta que la violencia se da frecuentemente en los hogares de gente "progresista", pues me han contado toda clase de experiencias de maltrato, incluso de cuates.
Pareciera que algunos hombres inseguros sólo saben encontrar la confirmación de su virilidad ejerciendo la violencia, porque los esfuerzos que se les exigen para que se conformen al ideal masculino provocan angustia, dificultades afectivas, miedo al fracaso y, como consecuencia, comportamientos compensatorios violentos.
 
FUENTE: La Cuerda, Una mirada feminista de la realidad
A o 4, No. 34
Guatemala, mayo/2001
 
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Un recorrido por los prejuicios de la justicia contra la mujer
Dos investigadoras recopilaron fallos, expedientes y trámites que evidencian la discriminación de la Justicia Argentina hacia la mujer: un libro que sistematiza el machismo en los estrados.
Buenos Aires, 11 de mayo del 2001 (Pedro Lipcovich/Página 12/Tertulia)
 
Si ella protesta, es porque es histérica o, directamente, loca de atar. Si la violaron, ¿no usaba minifalda esa noche? Y si el marido la mata, tendrá atenuantes porque, por culpa de ella, él había tenido que hacerse cargo de la cocina y la limpieza. Cada uno de estos estereotipos fue rastreado en fallos de la Justicia Argentina, a lo largo de una investigación cuyos resultados se presentaron ayer.
 
"Todavía persisten patrones sistemáticos de discriminación: no son casos aislados o aberraciones de un mal juez, sino expresiones de la dificultad de la mujer para acceder a la Justicia", sintetizó para este diario la investigadora Marcela Rodríguez. Así las cosas, las mujeres tienden a confiar poco en los tribunales. Aunque hay avances en la legislación y la jurisprudencia, éstos "no garantizan que los jueces no sean prejuiciosos".
"Mujer y justicia: el caso argentino" se llama el libro escrito por Cristina Motta y Marcela Rodríguez, que se integra en un proyecto del Banco Mundial para desarrollar investigaciones empíricas en temas de género, coordinado por Sandra Cesilini.
 
El libro desentierra historias como la siguiente. En 1996, la señora A. E. A. fue a un asesor de menores para insistir en la denuncia de una situación de violencia familiar. El asesor mandó decir una vez más que no podía atenderla. Ella se enojó, tal vez gritó. El asesor de menores encontró entonces tiempo para atenderla, pero "pudo percibir un estado de agresividad muy grande y un estado de permanente demanda" y entonces solicitó que la mujer que le pedía ayuda fuese revisada por tres psiquiatras del Cuerpo Médico Forense para evaluar su posible insania y una eventual internación.
 
El caso de A. E. A. llegó a la Corte Suprema, que admitió la solicitud del asesor. Según las autoras, este caso es "uno de los más reveladores del tratamiento discriminatorio que reciben las mujeres por parte de los tribunales". Es que, observa Marcela Rodríguez, el abuso del asesor "se anota en el estereotipo de que las mujeres que actúan aguerridamente son 'histéricas' o directamente 'locas'. En cambio, un hombre que se comporta agresivamente en una situación así es alguien que está haciendo valer sus derechos".
 
La emoción violenta que a la señora A. E. A. casi la llevó al manicomio sirvió en cambio para que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires redujera la pena de un hombre que había matado a su esposa. Se trata del "caso Brizuela", que se falló en 1989: entre los argumentos de los jueces figuró "el abandono de la esposa del hogar conyugal, conducta que causa al marido un daño material: cuidado de la casa, atención de la cocina y limpieza", ya que "su indudable deber era acompañarlo espiritual y materialmente, contribuyendo con su presencia, comprensión y cuidado de esposa a que él superara su enfermedad", consistente en "la falta de sensaciones sexuales".
 
Las autoras disciernen que también, aunque parezca paradójico, hay violencia de género en fallos que atenúan la pena cuando el crimen lo cometió la mujer, con argumentos como que "la imputada, que se encontraba embarazada, había sorprendido a su cónyuge en una escena de infidelidad" (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional). Porque, advierten, "la discutible favorabilidad que manifiesta la Justicia frente a quienes agreden a sus familiares genera un mensaje de impunidad", siendo que "más del 90 por ciento de los casos de violencia intrafamiliar se cometen contra mujeres".
 
En los temas de Justicia civil, "en los últimos años la Corte Suprema avanzó en defender los derechos de la concubina en las uniones de hecho; sin embargo, el valor económico de las tareas domésticas suele no ser tomado en cuenta en estos casos, aunque sí se lo considera cuando un hombre recibe indemnización por la muerte de su esposa: es como si la mujer valiera más muerta que viva", comenta Marcela Rodríguez.
 
Recién desde fines de 1999, con la última reforma del Código Penal, cesó la noción de "delitos contra la honestidad", que requería un determinado comportamiento sexual en la mujer. "Hasta entonces, la violación por parte del marido no estaba penada porque no era 'delito contra la honestidad' de la mujer. El requisito de que la víctima de violación sea 'mujer honesta' ya no rige en la actual legislación pero", señala Marcela Rodríguez, "la legislación no garantiza que los jueces no sean prejuiciosos".
 
En cuanto al prejuicio del señor juez, y tomando los casos de violación, el cambio se limita a que ahora "algunos magistrados empiezan a poner menos énfasis en qué hizo o no la víctima: la actitud más habitual era culpabilizar a la víctima antes que al victimario, preguntar si ella andaba sola de noche, si usaba minifalda. En cambio, si a un hombre lo asaltan la actitud de los jueces no es decirle que, bueno, la culpa fue de él por andar en un auto caro o vestir ropa de Armani".
 
El hecho es que, en casos de violación, "sigue habiendo mucha dificultad para que las mujeres accedan a la Justicia". Las investigadoras establecieron que, en causas de este tipo, el porcentaje de mujeres que apelan una sentencia desfavorable es mínimo: "Por falta de recursos, por temor a procedimientos que suelen ser vejatorios, por miedo a ser otra vez victimizadas", explica Marcela Rodríguez.
 
Tertulia, Una ventana hacia las vidas de las mujeres
Vol. IV, No. 21 19 de mayo del 2001
Editora: HYPERLINK mailto:leasturias@intelnet.net.gt Laura E. Asturias
Internet: HYPERLINK http://www.geocities.com/guatertulia
http://www.geocities.com/guatertulia
 

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